Autonomía,
laicismo, democracia y la universidad pública mexicana.
Mtro.
José Antonio Robledo y Meza
Mtra.
Karla Pérez Rodríguez
Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla
wa:
2223703233
De
la evolución de tres conceptos podemos entender lo que hoy es la
autonomía de una universidad pública y podemos derivar su
proyección para el futuro. Nos referimos a los conceptos de
“autonomía”, “laicismo” y “universidad pública”.
Para
comprender el sentido de la autonomía de las universidades públicas
y su proyección al futuro, es necesario conocer la evolución y
aplicación del principio laico.
El
laicismo surge a fines del siglo V (492) durante el papado de Gelasio
I, quien expuso la teoría de las “dos espadas” en un tratado y
en algunas cartas. Fue probablemente el primero en apelar con
claridad al principio del laicismo, desconocido por la Antigüedad
clásica, ya que ésta no conoció conflicto alguno de principios
entre las diferentes actividades humanas.
El
principio laico fue introducido en el mundo académico por Guillermo
de Occam. A principios del siglo XIV y a propósito de la condena de
algunas de las proposiciones de Santo Tomás, de parte del Obispo de
París, Occam sentenció: “Las aserciones principalmente
filosóficas, que no conciernen a la teología, no deben ser
condenadas o interdictas por nadie, ya que en ellas cada uno debe ser
libre de decir libremente lo que guste” (Dialogus
Inter magistrum et discipulum de imperatorum et pontificum
potestates,
I, II, 22 [escrito después de 1327]). Más adelante durante el
Renacimiento y la Ilustración se consolida la progresiva prevalencia
del laicismo en la vida política y civil de Occidente. Es importante
recordar el célebre caso del siglo XVII. Galileo Galilei, reafirmó
el principio de laicismo formulado por Occam con respecto a la
ciencia, polemizando contra los límites y los obstáculos opuestos a
la ciencia por la autoridad eclesiástica.
El
principio del laicismo ha sido uno de los fundamentos de la cultura
moderna y, por lo tanto, ha resultado indispensable a la vida y al
desarrollo de todos sus aspectos. El laicismo, en efecto, es en el
plano de las relaciones de las actividades humanas entre sí, lo que
es la libertad en el plano de las relaciones de los hombres entre sí:
es el límite o la medida que garantiza a esas actividades la
posibilidad de organizarse y desarrollarse, como la libertad es el
límite y la medida que garantiza a las relaciones humanas la
posibilidad de mantenerse y desarrollarse. El saber humanístico y el
conocimiento científico exigen la autonomía de sus reglas, o sea el
laicismo.
Aquí
surgen las preguntas ¿a quién interesa la defensa del laicismo? ¿La
defensa del laicismo es de interés público? Respondemos que el
principio del laicismo interesa a todos ya que la administración del
Estado, las ciencias, la cultura, la educación y, en general, las
esferas de la actividad humana, se organicen y rijan por principios
que puedan ser reconocidos por todos, o sea que resulten
independientes de la inevitable disparidad de creencias y de
ideologías y que, por lo tanto, hagan eficaces y fecundas las
actividades en las que se fundan.
El
criterio laico es el fundamento del principio de la autonomía de las
actividades humanas, o sea la exigencia de que tales actividades se
desarrollen según reglas propias, que no le sean impuestas desde
fuera, con finalidades o intereses diferentes a los que ellas mismas
se dan. Este principio es universal y puede ser invocado a nombre de
cualquier de cualquier actividad “legítima” (que no
obstaculicen, destruyan o imposibiliten a las demás). El principio
de autonomía ha servido para sustraer la esfera del saber, a las
influencias extrañas y deformadoras de las ideologías políticas,
de los prejuicios de clase o de raza, etc.
No
otro es el sentido que el México republicano vigente se acompañara
de la reforma educativa encabezada por Gabino Barreda Flores en 1867
donde la Ley Orgánica de Instrucción organiza la enseñanza laica.
El
principio del laicismo y la lucha por la autonomía en los campos de
la enseñanza y la investigación ha sido uno de los fundamentos de
la cultura moderna y, por lo tanto, ha resultado indispensable a la
vida y al desarrollo de todos sus aspectos.
El
laicismo es en el plano de las relaciones de las actividades humanas
lo que es la libertad en el plano de las relaciones de los hombres:
es el límite o la medida que garantiza a esas actividades la
posibilidad de organizarse y desarrollarse, como la libertad es el
límite y la medida que garantiza a las relaciones humanas la
posibilidad de mantenerse y desarrollarse. El saber humanístico y el
conocimiento científico exigen para su desarrollo de la autonomía
de sus reglas.
A
décadas de haber obtenido la autonomía varias de las universidades
públicas resulta relevante que a partir del principio de laicidad
que da sentido a la autonomía se dé respuesta a las muchas son las
interrogantes existentes en torno a la naturaleza y legitimidad de la
Universidad pública. Destacan en estos momentos, por ejemplo, la
problemática definida por las cuestiones siguientes: ¿Cómo
concebir la forma de educación? ¿La educación debe ser un fin en
sí misma o debe ser pragmática y orientada a una profesión? ¿Qué
tipo de aprendizaje debe atender y de qué manera está vinculada la
educación general con él? ¿Conforme a que criterio de cultura
(calidad y cantidad de las materias de enseñanza), deben formularse
los planes de estudios? ¿Cuáles deben ser las actividades a
desarrollar por los estudiantes? ¿Qué áreas de conocimiento y
disciplinas deben proponerse dentro del tronco común? ¿Bajo qué
criterios se impulsa una investigación y no otra?
La
Universidad pública mexicana tiene dos fuentes de legitimidad. En
primer lugar, ser una institución pública y, en segundo lugar, por
su especificidad de ser una universidad. Esto nos conduce a la
necesidad de referirnos a los fundamentos epistemológicos que pueden
sustentar la educación en una universidad. Formular tal
epistemología requiere de formular una concepción de la enseñanza
y una del aprendizaje, con la definición, por supuesto, del tipo de
conocimientos que justifiquen ambas teorías.
Hoy
día, podemos decir que la escuela pública debe configurarse como el
instrumento central de la oportunidad y la igualdad, de la reforma
social, de la justicia social, de la productividad económica y del
aprendizaje individual y socialmente relevante. Esto lo podemos
constatar si observamos el marco jurídico de la educación pública
–Constitución (Artículos 3, 5, 44, 45) y debe quedar claramente
formulada en Ley General de Educación.
La
sociedad mexicana -como sociedad democrática- al estar fincada en el
sufragio universal está indisolublemente unida a la escolarización
universal. Una sociedad democrática debe capacitar para el diálogo
racional, para los acuerdos responsables y una conducta apegada a la
ley, por ello debe proporcionar igualdad de oportunidades educativas:
dando la mayor cantidad -y de la mejor calidad posible- de educación
pública. Los cambios que precisamos deben asegurar la continuidad en
la historia de nuestra sociedad e instituciones.
En
otro instrumento jurídico -la Declaración de los Derechos Humanos-
se alude, en su segundo párrafo, a los fines de la educación y a
los valores que han de inspirarla, poniendo énfasis en aspectos que
contribuyen a la formación de los ciudadanos del mundo: la
comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y
grupos étnicos o religiosos, así como la promoción de las
actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.
Con
estas premisas podemos derivar que el marco jurídico aludido expresa
nuestros propósitos comunes, nuestro pluralismo, nuestro deseo de
igualdad y excelencia educativa. Esto queda claramente expresado en
la demanda de que cada uno de los planteles del sistema educativo
proporcione a los futuros ciudadanos el conocimiento, las actitudes y
los instrumentos que les permitan participar plenamente en la vida
democrática y ejercer sus derechos y obligaciones. Para alcanzar
esto se requiere de una educación que favorezca la adquisición de
conocimientos básicos, el pensamiento crítico y la imaginación.
Estas tres cosas es lo que definirían una educación con orientación
a la excelencia. Cada retroceso en este sentido devaluaría a los
estudiantes y pondría en peligro nuestra democracia.
