José Antonio Robledo y Meza
La educación nacional como derecho humano es una prioridad de la política pública y social del nuevo gobierno, La educación, en todos sus niveles y modalidades, permite elevar las condiciones culturales, productivas y sociales de la población mexicana porque coadyuva a su desarrollo con bienestar, tiene un impacto determinante en la vida de las y los mexicanos, de sus hijos y su familia; hace posible la construcción de nuevos saberes y conocimientos, de habilidades y destrezas, de respeto a las culturas y a la diversidad; permite la integralidad en la construcción de los proyectos de vida de las personas e incide en todos los ámbitos económicos, culturales y políticos de nuestra sociedad, así como la formación de actitudes y habilidades intelectuales y prácticas de las nuevas generaciones para comprender su historia, su presente y su futuro tanto de su entorno local como de la nación y del mundo.
Actualmente se concibe a la educación como el motor de un desarrollo con bienestar para todas y todos, se concibe como un espacio que promueve la equidad e igualdad y sobre todo un medio para combatir la exclusión, el racismo, la intolerancia y la violencia. Se concibe la educación como un factor estratégico para elevar y potenciar la inteligencia, el talento humano y la sabiduría ancestral y moderna de nuestro pueblo. La sociedad demanda que toda persona que desee estudiar o cultivar su inteligencia y sus conocimientos tenga la oportunidad y la seguridad de hacerlo sin ninguna restricción de clase social, de condición socioeconómica o cultural o de sus distintas capacidades, y se le ofrezcan las oportunidades para llevar a cabo su educación durante toda su vida porque es un derecho social universal garantizado por el Estado.
Consolidar lo logrado y avanzar en la construcción del porvenir del país por medio de la transformación del sistema educativo nacional es un objetivo estratégico y la BUAP, como parte del sistema-educativo, no debe ser ajena a tales expectativas. La BUAP es, a su vez, un sistema formado por un conjunto de personas en diferentes tipos de relaciones. El tipo de relaciones hacen al sistema BUAP un complejo de subsistemas, donde cada subsistema queda definido por el tipo de relaciones que entre los elementos del sistema se establecen.
Si nos fijamos en sus edades y en sus interrelaciones de coetaneidad, obtendremos un sistema (una pirámide de edades) distinto que, si nos fijásemos en sus ingresos, gastos, ahorros, consumo, etc. (en cuyo caso obtendríamos un cierto sistema económico). También pudiéramos interesarnos en sus relaciones de o parentesco biológico o jurídico, o en sus relaciones afectivas y sentimentales, o en los grupos sanguíneos de la población, o en las relaciones de prioridad protocolaria que se manifiestan en el lugar ocupado por los integrantes en ciertas ceremonias. Todas estas distintas relaciones dan lugar a sistemas distintos. También podemos combinar varias de ellas en un nuevo sistema más complejo. Lo importante es que especifiquemos claramente en cada caso qué conjuntos de cosas vamos a considerar como universo del sistema, y en qué relaciones (funciones, propiedades o posiciones) vamos a fijarnos explícitamente. Con ello quedará definido el sistema.
En esta ocasión no nos detendremos a considerar los subsistemas siguientes: docencia, investigación, pirámide de edades, parentesco biológico, parentesco jurídico, relaciones afectivas y sentimentales, grupos sanguíneos de la población y relaciones de prioridad protocolaria.
En adelante hablaremos en general de tres subsistemas: el administrativo, el económico y el político. Y hablaré de ellos como uno solo. Así las cosas, hablaré del subsistema administrativo-económico-político como el sistema político-administrativo. Este subsistema está definido por las siguientes relaciones: 1) las entradas al sistema (requisitos de alumnos, requisitos de maestros, trámites burocráticos, ingresos económicos, ahorros, consumo, etc.), 2) sus salidas (reprobación, deserción, certificación, eficiencia terminal, expulsiones, legitimaciones, gastos, etc.) 3) sus estados internos (reglamentación, selección, condiciones físicas, poder, autoridad).
A continuación, se hablará solo de las relaciones de poder y autoridad establecidas en la Ley de la BUAP.
En las últimas tres décadas, la universidad ha sufrido un persistente abandono democrático y para remontar sus efectos, es necesario reorientar el rumbo institucional. Esto requiere de políticas de gran calado sobre todo en su estructura político-administrativa, con un orden riguroso de prioridades y sin ir más allá de lo que permitan los recursos disponibles.
Sabemos que las reformas a la Ley de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) por sí solas no generarán los cambios. El marco existente actual fue producto de acuerdos antidemocráticos y que generó el actual gobierno autoritario. La vulnerabilidad que muestra la estructura político-administrativa de la BUAP exige de un nuevo marco legal acompañado de un programa de gobierno. Por estructura político-administrativa entendemos el universo formado por el consejo universitario, la rectoría, las direcciones de las unidades académicas, los consejos de unidad y los funcionarios nombrados por todos ellos.
La reforma a la Ley de la BUAP debe contar con un amplio respaldo universitario y popular. Esta reforma debe ser un instrumento para combatir la corrupción, terminar con los abusos, reducir el gasto suntuario, y devolver a la BUAP su carácter popular y democrático. Debe ser una reforma para darle poder y bienestar tanto a los universitarios como a los ciudadanos en general. La BUAP hoy necesita del respaldo de la sociedad.
El nuevo programa de gobierno para la BUAP debe recoger la nueva visión del país y presenta proyectos y propuestas en materia educativa, social, política y económica que tengan por objeto coadyuvar en la generación de políticas públicas que permitan apoyar la reducción de la desigualdad social y económica e incrementar la condición de bienestar de las familias mexicanas y con ello apoyar las políticas públicas que dirigidas a mejorar el bienestar de los mexicanos.
Desde la pluralidad de puntos de vista, y con la convicción de que en presente lustro es posible trasformar a la universidad de su situación actual y construir no solo una universidad mejor sino coadyuvar a una nación mejor, apoyar lo que el pueblo ha decidido; vivir en un México justo, democrático, soberano, pacífico y transparente.
Contrario a ser un simple catálogo de propuestas y buenos deseos, el nuevo proyecto de gobierno debe incluir una lista estructurada de propuestas que busquen soluciones prácticas a realidades concretas. Como toda propuesta de gestión universitaria será susceptible de enriquecimiento y complementación. La nueva propuesta debe considerar que la universidad se encuentra con respecto a la sociedad en un estado de atraso, deterioro, carencia y descomposición que justifica la amplitud y la profundidad de las medidas a adoptar y que deben ser puestas en práctica para detener, en un primer momento, y revertir, posteriormente, la decadencia institucional sobre todo en materias como la administración, el gobierno y, la enseñanza y el aprendizaje colectivos.
La falta de democracia, el deterioro en el trabajo, la desigualdad y la corrupción no son los únicos destinos posibles de la BUAP. Cambiar estas circunstancias está en nuestras manos. Un primer paso en este largo camino es la abolición del voto ponderado en la elección de autoridades universitarias y adoptar como criterio “un universitario, un voto”. La BUAP está obligada a participar en la construcción de un México, justo, democrático, soberano, pacífico y trasparente.
Por lo dicho, es necesario se convoque a la organización y realización de un Congreso Trasformador de la BUAP donde se discutan las propuestas para construir el camino hacia una Nueva Universidad.
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