lunes, 11 de febrero de 2019

La reforma va: la creación del Conahcyt

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José Antonio Robledo y Meza
Colegio de Filosofía, FFyL-BUAP
robledomeza@yahoo.com.mx
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Karla Pérez Rodríguez
Escuela Preparatoria 2 de octubre de 1968
Wa: 2224872756

Morena presentó ante el Senado la propuesta oficial para la creación del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt).

La propuesta fue presentada –con el respaldo del Conacyt- por la senadora Ana Lilia Rivera.

La iniciativa para crear la Ley de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, impulsa la transformación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, para convertirlo en el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, que seguirá siendo un organismo público descentralizado del Estado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que goza de autonomía técnica, operativa y administrativa”.

La iniciativa plantea que el nuevo Conahcyt absorba a los siguientes siete órganos colegiados, donde la UNAM, IPN y Cinvestav inciden en la política científica:

  1. Coordinación de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Oficina de la Presidencia.
  2. Consejo Consultivo de Ciencias.
  3. Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación.
  4. Foro Consultivo Científico y Tecnológico.
  5. Conferencia Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
  6. Red Nacional de Grupos y Centros de Investigación.
  7. Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente.

Entre otras afirmaciones la iniciativa busca acabar con coyotaje en ciencia y plantea que gestores de recursos incidan negativamente en la política pública de la ciencia.

Uno de los objetivos del “cambio jurídico de raíz” que impulsa el nuevo gobierno con esta iniciativa es que la nueva estructura “impida que ciertos grupos del sector privado y gestores de recursos incidan negativamente en la política pública de la ciencia, tecnología e innovación, así como que el uso de recursos del sector para solventar obligaciones de los gobiernos de las entidades federativas”.

Dice que actualmente, “los esquemas y mecanismos jurídicos y administrativos están diseñados para facilitar que empresas privadas, a través de la mediación de instancias estatales, se sirvan de los recursos públicos para financiar sus emprendimientos sin riesgos ni costos y sin responsabilidad social alguna, así como para que los gobiernos de las entidades federativas suplan sus omisiones en materia de desarrollo social y prestación de servicios públicos”.

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