Paralelismos entre la 2T y la 4T. El horizonte de la República Primera parte

Paralelismos entre la 2T y la 4T. El horizonte de la República

Primera parte

José Antonio Robledo y Meza

El intento de golpe de Estado contra Juárez

En esta ocasión nos ocuparemos de dos manifestaciones en contra de Juárez. La primera es la Carta Pastoral del Episcopado Mexicano “Manifestación de los obispos en defensa del Clero y de la doctrina católica con ocasión del Manifiesto y Decretos expedidos por Juárez en Veracruz” del 30 de agosto de 1859 es. La segunda del 7 de septiembre de 1861 cuando un grupo de 51 diputados pide la renuncia a Juárez como Presidente Constitucional.

Tanto la Carta Pastoral como la solicitud de renuncia se dieron a conocer en el contexto de promulgación de la Ley de suspensión de pagos de México el 17 de julio de 1861 y en pleno ambiente de guerra por todos lados. Guerra de secesión en los Estados Unidos (1861-1865), intento de invasión por parte de España, Inglaterra y Francia, guerra de intervención para preparar la llegada de Maximiliano a México y fundar el II Imperio Mexicano (1862-1867) y guerra civil -enfrentamiento entre republicanos y monarquistas, entre liberales y absolutistas, y entre facciones liberales-. Con los actores en lucha, mexicanos, estadunidenses y europeos, el mundo Atlántico mostraba cuan estrechas eran sus relaciones.1 En conjunción a lo anterior se dio la presidencia itinerante de Juárez (31 de mayo de 1863- 5 de julio de 1867). Pese a todo esto Juárez funda exitosamente -en 1867- la vigente República Mexicana.


La Carta Pastoral

1) El Episcopado Mexicano publica una Carta Pastoral “Manifestación de los obispos en defensa del Clero y de la doctrina católica con ocasión del Manifiesto y Decretos expedidos por Juárez en Veracruz” de fecha 30 de agosto de 1859. En este documento dirigido “a todo el mundo católico” y firmado por “Don Lázaro de la Garza y Ballesteros, arzobispo de México; Licenciado Clemente de Jesús Munguía, obispo de Michoacán; Doctor Don Francisco de Paula Verea, obispo de Linares; Doctor Don Pedro Espinosa, obispo de Guadalajara; Doctor Don Pedro Barajas, obispo del Potosí, y Doctor Don Francisco Serrano como Representante de la Mitra de Puebla” recriminan al “Señor Juárez” los decretos de 12, 13 y 23 de julio que “ha llevado hasta sus últimos extremos la sistemada (sic) persecución a la Iglesia”. Los firmantes se quejan de “la exaltación demagógica e impía”, que ha hecho del clero mexicano “la primera causa de todos los males que pesan sobre México, como el enemigo constante de la civilización y del progreso, como el partidario instituido del depotismo y de la Tiranía, como el aliado nato del ejército contra las instituciones políticas y libertades públicas.” Los firmantes justifican su escrito como oposición “a la propaganda cismática” y que “libre de pasión” y “sana crítica” los sucesos que definen el conflicto de la Iglesia con el Estado han definido, “primero, que la Iglesia no ha hecho nunca oposición a ningún gobierno sino en clase de defensa canónica y cuando ha sido provocada por leyes y medidas que atacan o su institución o su doctrina o sus derechos; segundo, que siempre se ha defendido exclusivamente con sus armas, que son las espirituales; y por último, que aun esto lo ha hecho con suma prudencia y caridad heroica.”2

La solicitud de renuncia a Juárez

2) El antijuarismo presente entre distintas facciones liberales como los “orteguistas”, los “dobladistas” y los jóvenes abogados fogosos, expresado de manera concertada por un grupo de 51 diputados que pidieron su renuncia como Presidente Constitucional el 7 de septiembre de 1861. En respuesta el mismo día otros diputados dan su apoyo a Juárez y entre éstos está Porfirio Díaz.

La historia de la solicitud de renuncia comienza el día 15 de julio en sesión secreta extraordinaria, tuvo lugar el dictamen de las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público, en relación a la iniciativa del gobierno de percibir todo el producto líquido de las rentas federales.3 El 16 de julio las sesiones secretas extraordinarias continuaron y en ellas se aprobaron dos propuestas: primero, el Gobierno de la Unión recibiría todo el producto líquido de las rentas federales y se suspenderían los pagos de la deuda externa por el término de dos años; segundo, cada 15 días las aduanas marítimas y oficinas recaudadoras de las rentas federales, tendrían que remitir su estado de ingresos y egresos a la Tesorería General.4

Pese a los esfuerzos realizados, la firma oficial del decreto de suspensión del día 17 de julio de 1861, aceleró la intervención extranjera. No pasaron más de tres meses de la expedición de aquel decreto, cuando el 7 de septiembre, un grupo de diputados en nombre de supremas necesidades y de la salvación de los principios políticos liberales que profesaban, le pidieron al Ejecutivo su renuncia temporal o absoluta.5 Entre los solicitantes figuraban Ignacio Manuel Altamirano, Pantaleón Tovar, Manuel Romero Rubio, Justino Fernández, Vicente Riva Palacio.6

¿Cuál era la esencia de aquella protesta? Ante todo, la redefinición de las relaciones políticas entre Juárez y los Estados de la República. Pues entonces la facción antijuarista descubrió que en México no existía la unidad federativa que el sistema republicano exige, como tampoco la unidad nacional: “Vemos en la situación actual un elemento mayor que otro alguno de desorganización en la rotura casi absoluta de los lazos federativos [...] Falta pues, la unidad federativa y con ella faltará dentro de poco la unidad nacional”. Y los solicitantes argumentan de manera categórica que el gobierno ha perdido su legitimidad:

Creemos que para consumar una gran revolución no son bastantes los títulos legales, es necesario el tacto político; creemos que para mandar a un pueblo que tiene la conciencia de su fuerza no alcanza la coacción de la ley y que, en los países que han aspirado ya las auras de la libertad, el único Gobierno posible es el basado sobre el prestigio y el amor de los pueblos, prestigio y amor que desgraciadamente a perdido de todo punto el actual personal de la administración.7

En este mismo año las elecciones favorecieron a Juárez por 5,282 votos, pero Vicente Riva Palacio, electo diputado al Congreso de la Unión, argumentó que como el total de electores era de 15 mil, Juárez no logró la mayoría absoluta y por lo tanto la decisión la tendría el Congreso. A pesar de ello 61 diputados votaron por Juárez y 55 por González Ortega.8

De acuerdo con Justo Sierra atrás del movimiento contra Juárez estaban González Ortega, Doblado, Vidaurri y Comonfort; el primero era un exaltado, el último un moderado; entre estos dos colores se distribuían todos los matices de los enemigos políticos de Juárez -no hablamos de los religiosos-; “constituían una suerte de grupo girondino, pero no con un programa de doctrinas, sino una aversión personal.”9

A continuación, reproducimos la solicitud de renuncia de los diputados a Juárez

Un grupo de diputados pide la renuncia a Juárez como Presidente Constitucional

Los que suscribimos, ciudadanos mexicanos en ejercicio de nuestros derechos, al ciudadano Presidente de la República, exponemos:

Que, elegidos por el libre voto de nuestros conciudadanos para venir a representarlos en el Congreso de la Unión, en nuestra calidad de Diputados, hemos llenado hasta hoy nuestro deber, estudiando la situación del país, el origen de los males que lo aquejan y los medios que, aunque escasos, sean eficaces para salvarlo y, después de un maduro examen que ha producido en nosotros la convicción más profunda respecto de las medidas indispensables para organizar la marcha de la causa pública y para alcanzar la salvación no sólo de los principios políticos conquistados sino aun de la autonomía nacional, con ella y, cumpliendo un deber indeclinable que nos impone nuestra conciencia de ciudadanos y haciendo abstracción de nuestro carácter de Diputados, venimos a elevar una petición respetuosa al ciudadano Presidente, usando del derecho que nos concede el artículo 8vo del Código fundamental.

Vemos en la situación actual un elemento mayor que otro alguno de desorganización en la rotura casi absoluta de los lazos federativos, que deberían ligar, haciendo una las diversas partes que constituyen nuestra nacionalidad y la escisión de los Estados que tanto espanta y con razón en la esfera de los hechos consumados, existe ya, así en el orden administrativo como en el Legislativo y Judicial. Falta pues, la unidad federativa y con ella faltará dentro de poco la unidad nacional, siendo imposible, por lo mismo, todo Gobierno en el centro y quedando, cómo está reducido a luchar estérilmente con su propia impotencia. La verdad de este hecho tiene el carácter de la evidencia; a dónde pueda conducirnos esta situación es demasiado fácil adivinarlo; cuál sea la causa de ella y cuál el remedio es, pues, el asunto de que venimos a ocuparnos.

La gigantesca revolución que ha hecho triunfar en los campos de batalla la bandera de la Reforma, no ha sido, ciudadano Presidente, una de tantas revueltas que han agitado durante 40 años nuestro desgraciado país; ha sido, sí, una verdadera revolución social, en que el pueblo ha adquirido la conciencia de su fuerza y se ha puesto a la altura de las conquistas que ha pretendido alcanzar; pero esa revolución, los combates y las victorias no han sido, ni podido ser más que el prólogo, estando encomendado su desarrollo y su consumación a la inteligencia política y administrativa e importante es recordar que en esa lucha los que alcanzaron la victoria, los que para ella sacrificaron su reposo y su hacienda, prodigando su sangre fueron, sin duda, los pueblos del interior de la República y de la frontera, que en el día del triunfo depusieron en el altar de la legalidad todas sus conquistas. esperaron, con razón, el desarrollo y consumación de la Reforma; con ella esperaron también ver curadas esas llagas que de antiguo minan nuestra existencia social y que nos ponen bajo la dependencia de las potencias extranjeras, que nos dominan con el título oprobiosos de acreedores; esperaron ver organizar la administración pública sobre los elementos de moralidad y de justicia, desterrados de ella tanto tiempo hace y, bajo el halago de esa esperanza, quedaron ahogadas las ambiciones bastardas y por la primera vez en la historia de nuestro país, el soldado victorioso acató la ley y cedió el puesto al depositario del Supremo Poder de la Nación.

Mas, por desgracia, todas esas esperanzas han salido fallidas; la revolución se ha detenido en su marcha, puesto que no ha adelantado un solo paso en la esfera administrativa; la desmoralización se ha entronizado en todas direcciones y luchando el Ejecutivo con la falta absoluta de recursos, se ve el país amenazado por la guerra extranjera, devastado por bandidos que, sin invocar un pretexto o un principio político al menos, todo lo destrozan a su paso. Esto es porque a faltado vida y acción en el centro, que ha visto desaparecer en menos de cien días inmensas riquezas acumuladas por el clero en tres siglos de dominación absoluta; que no ha podido cumplir una sola de las promesas mil que ha hecho al país; que ha tenido la desgracia de ver levantar en la puerta de la Capital por pequeñas hordas de bandidos cadalsos en que han perecido los hombres más prominentes de la revolución; que con el poder omnímodo no ha podido destruir unas cuantas bandas de forajidos, ni alcanzar siquiera asegurar la vida y las haciendas de los ciudadanos en el centro mismo de la Capital; que, por último, se ha visto obligado a los cuatro meses de existencia a buscar los medios de sostenerla en las fuentes mismas a que acudió la reacción caduca y moribunda, en los últimos instantes de su agonía.

El Ejecutivo, ciudadano Presidente, no procuró extender su acción legal, benéfica y conciliadora, en los Estados y éstos, temiendo por el porvenir de las causas en favor de las que habían luchado, se han encerrado en sus propias individualidades, dando por resultado, todo ello, la rotura de los vínculos federales.

Creemos que para consumar una gran revolución no son bastantes los títulos legales, es necesario el tacto político; creemos que para mandar a un pueblo que tiene la conciencia de su fuerza no alcanza la coacción de la ley y que, en los países que han aspirado ya las auras de la libertad, el único Gobierno posible es el basado sobre el prestigio y el amor de los pueblos, prestigio y amor que desgraciadamente a perdido de todo punto el actual personal de la administración.

Lejos de nosotros la idea de imputar como un delito, como un crimen o un error, los hechos que hemos referido; nos venimos hoy con el carácter de acusadores, ni en nuestra calidad de ciudadanos queremos abrogarnos los derechos de jueces. Desagracia o más bien resultado preciso de las grandes revoluciones que devoran no sólo la vida y las haciendas de los hombres prominentes, sino también su prestigio y reputación, el hecho es que, el actual Presidente de la República, a quien nos dirigimos, no es posible que salve la situación y su separación del alto puesto que ocupa es una necesidad tan imperiosa para la salvación del país, como fue importante su presencia en él, en los primeros días de la revolución. Durante ella y en los de prueba, usando de ese poder siempre ominoso que se llama dictadura, se gastó lo mas noble que poseía, su prestigio y su poder moral en vano se ha pretendido reconquistar por medio de combinaciones ministeriales que no han hecho más que sacrificar otras tantas reputaciones, esterilizando nobles y fecundas inteligencias.

La revolución, ciudadano Presidente, necesita de éstas; necesita que el nombre de Juárez no pase a la posteridad con las notas que sobre él arrojaría la historia, si apareciera como el hombre que sofocó los gérmenes de una gran revolución; la reforma exige la vida, la acción que presta sólo al prestigio perdido hoy y que es el único centro de unión que puede reanudar los vínculos federativos ya rotos; que puede revivir los elementos de la organización social ya apegados; que puede, por último darnos la fuerza para salir airosos en los conflictos interiores y exteriores que nos amenazan. Y, en nombre de esas supremas necesidades, en nombre de la salvación de los principios políticos que profesamos, en nombre del honor y la salvación de nuestro país, ocurrimos al ciudadano que es capaz de todas las virtudes republicanas, al ciudadano que ocupa el poder, según él mismo lo ha dicho, por un acto de noble abnegación; al ciudadano que jamás hará personal la cuestión de los interese sociales y respetuosamente le pedimos se separe temporal o absolutamente de la Presidencia de la República, en la que sus virtudes son estériles y en las que sacrifica, con su propia reputación, el porvenir de la República.

Protestamos de la manera más solemne ante el ciudadano Presidente y ante el mundo entero que al elevar esta súplica no nos mueve interés alguno bastardo, sino única y exclusivamente el sagrado de la salvación del país y esperamos que, en los términos prescritos por artículo 8vo del código fundamental, se sirva mandarnos sea manifiesta su resolución.


México, 7 de septiembre de 1861.

Manuel María Ortiz de Montellano

D. Balandrano

N. Medina

I. Calvillo Ibarra

Enrique Ampudia

Víctor Pérez

Antonio Rebollar

Susano Quevedo

Braulio Carballar

Pedro Ampudia

Joaquín Escalante

Antonio C. Ávila

Pantaleón Tovar

M. de la Peña y Ramírez

Manuel López

Manuel Romero Rubio

J.R. Nicolín

Jesús Gómez

Antonio Carrión

Juan Bustamante

J.M. Castro

Antonio Tagle

Francisco Ferrer

Ignacio M. Altamirano

Juan Ortiz Careaga

Pablo Téllez

José Linares

Francisco M. Arredondo

J.M. Savorio

Agustín Menchaca

Ignacio Escala

Luis Cossío

Domingo Romero

J.M. Carbó

Vicente Chico Seín

G. Aguirre

Juan González Urueña

Miguel Dondé

Manuel Castilla y Portugal

Justino Fernández

Antonio Herrera Campos

Vicente Riva Palacio

Ramón Iglesias

Francisco Vidaña

Trinidad García de la Cadena

M. Saavedra

R. Vázquez

Juan Zalce

Eufemio Rojas

J. Rivera y Río

Juan Carbó10

robledomeza@yahoo.com.mx

cel: 2223703233


1 De acuerdo con un supuesto de Hale el liberalismo mexicano desde el principio “era una entidad histórica que formaba parte de un conjunto más amplio de pensamiento y de política, que es el mundo atlántico” (Hale, 1995, 10) y éstos sólo pueden entenderse adecuadamente si se les relaciona con la amplia experiencia occidental de la que forma parte.

2 Alfonso Alcalá y Manuel Olimón (comps.), 1989, “Manifestación de los obispos en defensa del Clero y de la doctrina católica con ocasión del Manifiesto y Decretos expedidos por Juárez en Veracruz, 30 de agosto de 1859, en Episcopado y Gobierno de México. Cartas Pastorales Colectivas del Episcopado Mexicano 1859-1875, México, Ediciones Paulinas, 19-23.

3 La sesión secreta extraordinaria del Congreso de la Unión tuvo lugar en la ciudad de México el 15 de julio de 1861, en Jorge L. Tamayo (Selección y notas de), 1966, Benito Juárez. Documentos, Discursos y Correspondencia, t.4, Secretaría del Patrimonio Nacional, México, 653-654.

4 Tamayo, 1966, t.4, pp. 653-655.

5 “Un grupo de Diputados pide la renuncia a Juárez como Presidente constitucional”, en Tamayo, 1966, t.5, 13-16.

6 Tamayo, 1966, t.5, p. 16

7 Tamayo, 1966, t.5, pp. 13-15.

8 Tiempo de México, 1a época, Ciudad de México, de junio de 1861 a mayo de 1864, n. 15, 1-2; México, 1984, 2a ed. SEP.

9 Sierra, 1956, vol. III, p. 318.

10 Jorge L. Tamayo (Selección y notas de), 1966, Benito Juárez. Documentos, Discursos y Correspondencia, t.5, Secretaría del Patrimonio Nacional, México, 13-15.