Restaurar la vida democrática, resignificando los conceptos de “autonomía” y “máxima autoridad” en la BUAP
José Antonio
Robledo y Meza
“Que
en lo sucesivo una plena libertad de conciencia, una absoluta libertad de
exposición y de discusión, dando espacio a todas las ideas y campo a todas las
inspiraciones, deje esparcir la luz por todas partes y haga innecesaria e
imposible toda conmoción que no sea puramente espiritual, toda revolución que
no sea meramente intelectual.” Gabino Barreda, Oración Cívica,
pronunciada en Guanajuato, el 16 de septiembre de 1867
En el año 2021 el orden jurídico en la BUAP fue alterado por quienes componían su máxima autoridad. El orden establecido por la Ley de la BUAP para elegir a quienes componen el Consejo Universitario fue alterado por un grupo de consejeros (los directores de las unidades académicas) junto con el rector en turno, que juntos representan el 60% de los votos. ¿Por qué se implementó tan irregular proceso? Intentemos encontrar una explicación racional para el suceso.
Nos negamos a aceptar categóricamente la posibilidad de que tal proceso sea aleatorio o inexplicable. Es necesario formular una respuesta racionalmente discutible. ¿Qué acontecimientos pasados nos permiten inferir una cierta probabilidad de que se produjera un acontecimiento futuro? No basta con decir “esto ya ocurrió y vayámonos a casa”, necesitamos conocer por qué las cosas ocurren. Es necesario encontrar una explicación porque no es razonable aceptar que no es necesaria ninguna explicación.
Abordemos este proceso anómalo como si fuéramos observadores externos y que estamos sorprendidos de que, por ejemplo, un abogado como el anterior gobernador haya aceptado tal anomalía. Razonemos hacia atrás para poder entender lo que pasó y a quién benefició. Partamos del presente, la aceptación de un resultado irregular (el efecto del proceso) y busquemos la causa. Se trata de que por medio de conjeturas encontrar la causa más lógica y verosímil entre las muchas posibles. Usemos, pues, la lógica de la conjetura para proporcionar una hipótesis razonable de lo que podría ser el caso.
La anomalía: el rector en turno se encarga de alterar el orden establecido por la ley (él asume la responsabilidad y sus consecuencias) y se desarrolla un proceso ilegal cuyo resultado es aceptado por el gobernador. De antemano, tanto el rector como el gobernador habían insinuado su preferencia por una persona. Con la apariencia de estar enfrentados tanto el rector -representante de una estructura de personas que se han apoderado del Consejo Universitario como de puestos administrativos que se enrocan-, como el gobernador actuaron en complicidad para obtener el resultado conocido: Quien resultara electa fuera la persona que a ambos conviniera. Beneficios, la impunidad para uno, una rectora subordinada para el otro, y una estructura burocrática beneficiaria de buena parte del presupuesto institucional y, sobre todo, de la posibilidad de controlar a la comunidad por medio de la violencia.
Todo lo anterior, ocurrió en un ambiente de “defensa-agravio” de la autonomía universitaria que sirvió, junto con la presencia de la pandemia, como cortina de humo para constituir un consejo universitario a modo de las posturas antidemocráticas presentes en la BUAP.
El comportamiento antidemocrático de varios de los actores involucrados -el rector saliente, 43 directivos y 86 profesores que emitieron y avalaron la ilegal convocatoria a nombre de 105,722 universitarios arrojó la pérdida de la autoridad del actual Consejo Universitario. Este resultado permite, con todo derecho, a reconsiderar los conceptos de “autonomía universitaria” y de “máxima autoridad” como atributos de la BUAP y del Consejo Universitario respectivamente.
Restaurar la
vida democrática, resignificando los conceptos de “autonomía” y “máxima
autoridad” en la BUAP, es la tarea a realizar por la comunidad universitaria a
pesar de la resistencia que pueda ofrecer el actual grupo que dice tener su
representatividad.
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