La soberanía popular derrotó a la idea imperial
José Antonio Robledo y Meza
La idea imperial, después del fracaso de Iturbide, llevó a la dictadura de Santa Anna la que, a su vez, condujo al llamado II Imperio con Maximiliano I a la cabeza. En 1863 Elías Federico Forey – quien recibió de Napoleón III poderes políticos y militares absolutos y Rango de Mariscal - reunió a una junta de notables, la que procedió a escoger como sistema de gobierno el monárquico, a designar como candidato a Fernando Maximiliano de Austria y a enviar una comisión de personas que ofrecerían la corona imperial de México. A partir de ese momento puede ya hablarse de un partido monárquico en México, organizado a la sombra del poder de los invasores. Los partidarios de la idea imperial y del nuevo gobierno al revisar el pasado reciente de México creían encontrar en todos sus ensayos políticos la fuente de sus desgracias, hacían profesión de fe monárquica y creían en las ventajas de la protección europea.
El 3 de octubre de 1863 el archiduque Maximiliano recibió en el palacio de Miramar a la diputación mexicana encargada de comunicarle el decreto de la Asamblea de Notables que lo llamaba al trono de México. José María Gutiérrez de Estrada, presidente de la diputación y principal arquitecto del monarquismo mexicano, fue el portavoz de aquella encomienda. En su discurso habló de que durante más de medio siglo se habían ensayado todas las posibilidades de que son capaces las instituciones republicanas, tan contrarias a nuestra constitución natural, a nuestras costumbres y tradiciones; si la república era la fuente de la grandeza del país vecino del norte, en México era el manantial inagotable de sus desgracias.
Con Maximiliano en el poder se logrará uno de los grandes objetivos del monarquismo: poner un muro incontrastable a nuestra independencia contra el expansionismo ideológico y territorial de los Estados Unidos. Otro gran objetivo es que las nuevas instituciones serán lo que deben ser para afianzar la prosperidad e independencia de México.
En la negociación de Miramar el archiduque daba muestras de sus convicciones liberales en el valor que concedía al voto popular. Maximiliano explícita seguir el ejemplo del emperador, su hermano: abrir por medio de un régimen constitucional, la ancha vía del progreso basado en el orden y la moral y una vez pacificado el país sellar con su juramento el pacto fundamental con la nación. Únicamente de ese modo, sigue diciendo Maximiliano, se podría inaugurar una política nueva y verdaderamente nacional, en que los diversos partidos, olvidando sus antiguos resentimientos, trabajarían en común para dar a México el puesto eminente que parece estarle destinado entre los pueblos.
Como cualquier republicano Maximiliano quería un plebiscito, un régimen constitucional y una política nueva que abriera al país la ancha vía del progreso. Cumplidas las dos condiciones que puso para ceñirse la corona declara que acepta el poder constituyente con que “ha querido investirme la nación; pero sólo lo conservaré el tiempo preciso para crear en México un orden regular, y para establecer instituciones sabiamente liberales”, y tal como lo había anunciado en su discurso del 3 de octubre anterior, reitera que se apresurará a colocar la monarquía bajo la autoridad de leyes constitucionales, tan luego como la pacificación del país se haya conseguido completamente. Con rechazo expreso del poder discrecional que se suponía tan inherente al régimen monárquico, Maximiliano expone que la fuerza de un poder se asegura mucho más por la fijeza que por la incertidumbre de sus límites y piensa probar así que una libertad bien entendida se concilia perfectamente con el imperio del orden.
La lucha de las dos tendencias se conjunta en el esfuerzo común Juárez-Maximiliano: la grandeza de la resistencia constitucionalista y la conformación de una república basada en la soberanía popular. Esta tarea no se cumpliría de manera inmediata. Es la tarea que están haciendo los ciudadanos mexicanos a partir de los resultados de las elecciones del 2018.
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