Continuidad y cambio en la Cuarta Trasformación
José Antonio Robledo y Meza
En todo proceso hay un inicio y un fin. Así ocurre con el proceso llamado Cuarta Trasformación: hay un antes y habrá un después.
En esta comunicación trataré de proponer algunos elementos para alcanzar una comprensión y no una fácil explicación del proceso en marcha. Se trata de comprender la intencionalidad humana en un proceso político y no de un proceso que responde a voluntades providenciales.
El proceso de la 4T es manifestación de fuerzas políticas que pretenden construir una sociedad fincada en el principio de la soberanía popular y con el propósito de construir una Nueva República. Frente a este principio y propósito hay también fuerzas políticas que tratan de impedirlo. A esta dialéctica se le ha denominado lucha entre igualitaristas y conservadores.
La política mexicana es un campo experimental para “superar” el régimen neoliberal. Este experimento se denomina Cuarta Trasformación. Es, entre otras cosas, el cambio de una república autoritaria a una república fundada en la autoridad del racionalismo crítico. La Cuarta Trasformación ha exigido la reformulación de la legitimidad política que conduzca a la reestructuración de la comunidad, y la reconstrucción del aparato mediante el cual se ejercía la autoridad pública. Estas tres son las cuestiones que se han iniciado y que requieren continuidad.
La consciencia, por parte de los participantes de la trasformación – tanto los que están a favor como en contra-, es la de participar creando una Nueva República. Esta participación es obligada al estar frente a problemas y desafíos inéditos y apremiantes, que exigen respuestas inmediatas.
La “construcción de la narrativa de la 4T está sirviendo de eje a una nueva configuración de la legitimidad política de estrategias y principios contingentes y contenciosos; de apuestas; de procesos para los cuales no había receta y cuyos efectos sobre el universo de lo político eran y son impredecibles. La narrativa de la 4T era y es ineludible y permanentemente insatisfactoria: la de la representación política.
En la propuesta conocida como 4T las relaciones entre los humanes son iguales en tanto que ninguno tiene el derecho de mandar, y nadie la obligación de obedecer. Quienes esperan gobernar en el contexto de la 4T tienen que subordinarse a dos cosas: una serie de mecanismos de legitimación lo suficientemente plausibles para apuntalar el ejercicio del poder público; la segunda, los lazos que engarzaran a la sociedad política. La 4T ha recurrido al “pueblo” como titular de la soberanía. No se puede gobernar sino “en nombre del pueblo”. El Estado no puede ser sino “el pueblo representado.”
La construcción de la representación política –la transferencia del ejercicio de la soberanía de la nación a sus representantes, quienes se encargarían de elaborar las leyes que debían normar la vida comunitaria--parecía resolver el problema de cómo hacer factible, ahí donde soberanos son todos, el gobierno de los más por los menos. Sin embargo, plantea al mismo tiempo una serie de cuestiones que requieren abordarse en este proceso llamado 4T. ¿Quién puede hablar por la nación? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Pueden –deben— hablar muchos con la misma voz? ¿Cómo hacer que esta voz sea inteligible? Si la ley debe reflejar la voluntad del pueblo, ¿cómo puede ésta definirse? ¿Qué es lo que debe articularse a través de la representación? ¿Cuál debe ser la relación entre representantes y representados?
Estas y otras cuestiones las abordaremos en colaboraciones posteriores.
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